Cuando una situación económica es mala se pueden tomar tres medidas elementales; disminuir el gasto, aumentar los ingresos o ambas. El gran problema que existe en nuestro país es que la lucha contra la crisis se ha centrado en la disminución del gasto, unida a otros dos aspectos fundamentales: la paulatina privatización de lo público bajo el pretexto de ganar en competitividad y la reducción de los costes del trabajo bajo el pretexto de la creación de empleo.
Estos recortes resultan totalmente injustos e insolidarios debido a que con ellos se está haciendo pagar la crisis a los que en absoluto la han provocado, quienes dependen en gran medida de una buena política de redistribución de la riqueza generada y quienes dependen de su salario para subsistir, es decir, los trabajadores. Mientras tanto, los que si fueron responsables directos de la misma, tales como entidades financieras y todo tipo de especuladores económicos, siguen obteniendo inmensos beneficios.
Por ejemplo, el BBVA obtuvo unos beneficios netos de 4.060 millones de euros en 2.010, el Banco Santander 8.943 millones de euros en 2.009, y así un largo etcétera, a pesar de las 442.000 empresas cerradas entre 2.008 y 2.009, un volumen de impagados de 107.173 millones de euros en ese mismo año y una tasa de paro del 20,33% (unos 4.696.000 parados según datos del INEM) a finales del 4º trimestre de 2.010.
Para colmo, son esos bancos, son esos especuladores y organismos financieros internacionales (o mercados financieros, como los han llamado algunos a pesar de que tienen nombres y apellidos) los que dictan las medidas que nuestros gobernantes y principales opositores asumen y aplican por sumisión. Unas medidas que en la práctica, a pesar de lo que decían desde instancias gubernamentales, no han servido para generar empleo.
En este panorama, la juventud es uno de los colectivos más afectados, y es que por primera vez en la historia reciente de España, los jóvenes, si no hacemos nada por remediarlo, tendremos peores condiciones de vida que nuestros padres. Este hecho es contrario al propio desarrollo de la sociedad humana que está basado, al menos así lo han vociferado durante décadas quienes han exigido la Reforma Laboral, quienes la han aprobado y quienes la han apoyado con su silencio cómplice, en la mejora de las condiciones generales de vida y no en todo lo contrario, como se está evidenciando.
Sin miedo a equivocarnos podemos asegurar que los jóvenes actuales somos la generación más formada de la historia de España, pero las condiciones laborales que nos encontramos en el actual mercado de trabajo son de total precariedad. 640.730 parados son menores de 25 años (lo que supone el 13,6% del total). De los que consiguen un trabajo el 90% está sometido a un contrato temporal, de los cuales el 50% fue realizada por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que es sinónimo bien conocido de máxima precariedad. A esto hay que añadir las consecuencias de una Reforma Laboral que amenaza con empeorar nuestras condiciones de trabajo y nuestra calidad de vida.
La última reforma laboral (aprobada gracias al PSOE y a la abstención de PP principalmente, ya que este último se abstuvo por el daño electoral que podía provocarle apoyar de forma activa una medida antipopular como ésta) se ha centrado en la flexibilización del mercado de trabajo, la facilitación del despido, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y el menosprecio del papel de la negociación colectiva como mecanismo de lucha y representación de clase de los trabajadores. Ha supuesto por tanto una reducción efectiva de los derechos laborales en general, unos derechos que han costado sangre, sudor y lágrimas conseguir a nuestros predecesores, y que ahora parecen haber quedado como una anotación a pié de página en algún libro de anécdotas.
Lejos de suponer un avance en las políticas laborales, la citada reforma está teniendo una serie de consecuencias, que actualmente estamos experimentando.
Por un lado, no están sirviendo para crear empleo, y así los datos lo demuestran ya que el desempleo sigue aumentando tras la aprobación de la reforma hace 6 meses. Se ha incrementado el radio de acción de las Empresas de Trabajo Temporal, cumpliendo una parte del papel que antes cumplían las Administraciones Públicas y vulnerando el derecho a la privacidad de la información personal, lo que permite “cazas de brujas” sobre trabajadores con afiliación sindical y/o política, trabajadores “especialmente conflictivos”, etc… Además se amplía el tiempo para la realización de contratos en prácticas, alargando la incorporación de los contratados al mercado laboral mientras las empresas poseen, en la práctica, trabajadores más baratos.
Esta reforma está avalando nuevas causas de despido individual y colectivo: si la empresa argumenta que hay causas “objetivas” por razones organizativas, económicas, técnicas o simplemente “que está en crisis” y se admite el despido como medida para el mero incremento de los beneficios empresariales. Como mencionábamos se ha abaratado el despido, ya que recorta la indemnización por despido: de 45 días por año trabajado a 20 en general, de los cuales 8 serán a cargo del estado, es decir, que correrán a cuenta de las arcas públicas en vez de a cuenta de la empresa.
Se ha reducido también la capacidad de negociación de los sindicatos, comité o delegados de empresa, anulando además la eficacia de los convenios colectivos, que sientan los derechos básicos de los trabajadores en las empresas de sus respectivos sectores.
Por si no fuera suficiente, el Gobierno ha destinado importantes cantidades de dinero en acciones como el rescate de la banca (que en su conjunto obtuvo unos beneficios de 47.000 millones de euros entre 2.008 y 2.010) a la que destinó 40.000 millones de euros y un aval de créditos. Ha beneficiado a las empresas con rebajas fiscales por un valor de 1.000 millones de euros (mientras las empresas del IBEX-35 han obtenido unos beneficios de casi 50.000 millones de euros en 2.010). Los regalos fiscales a las grandes fortunas han supuesto dejar de recaudar 2.120 millones por año, además de haber perdido importantes ingresos por no atajar el problema del 20% de economía sumergida practicada casi en su totalidad por las grandes empresas, bancos y entidades financieras.
Mientras tanto nos encontramos con unos datos escalofriantes: más de 200.000 familias desahuciadas, congelación de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, una reducción del 8,10% del presupuesto en educación, del 31,3% en medio ambiente y del 7% en I+D+i, una subida del IVA al 18% y recortes en la ayuda a la dependencia, en la cooperación internacional y en los salarios y la contratación en el seno de la función pública (con el correspondiente empeoramiento de los servicios públicos).
Frente a esta situación, en la que las políticas de derechas practicadas por el Gobierno del PSOE, creemos que es posible una salida a través de la construcción de una alternativa social y de izquierdas basada en la creación de empleo, a través de la ampliación del empleo público que garantice servicios públicos de calidad e inversiones en sectores estratégicos de la economía. El aumento de los ingresos del Estado a través de una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más tiene. Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. La creación de una Banca Pública que garantice el crédito a las familias y a las pequeñas empresas y autónomos. La penalización de la precariedad laboral y defender el poder adquisitivo de los/as trabajadores/as. Defender sus derechos laborales y a los sindicatos que los garantizan. Garantizar la subida de las pensiones y la actual edad de jubilación. La defensa de los Servicios Públicos para generar empleo y equiparar nuestros derechos a la media europea. La reconversión ecológica de la economía para proteger el medio ambiente y crear empleos verdes. La igualación salarial para hombres y mujeres por el mismo trabajo y promover la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Y la creación de un parque público de vivienda en alquiler, para garantizar la vivienda como un derecho y frenar los abusos de los bancos con las hipotecas.
Esta salida es posible, pero solo con el esfuerzo y la participación de todos y todas, de cara a la construcción de un estado más democrático, con una economía al servicio del pueblo y no de las entidades financieras y las grandes empresas, para garantizar a la juventud un futuro, a los trabajadores un empleo y a la vejez seguridad.
IULV-CA ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la Plataforma Iniciativa Legislativa Popular 15-M; de los portavoces de las comisiones de economía Social de las acampadas de dicho movimiento en Andalucía; de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac), y de los sindicatos UGT-A y CCOO-A para que expresen su opinión sobre el contenido del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Cajas de Ahorro para adaptarla a la nueva Ley orgánica reguladora de las cajas de ahorro (Lorca). 
